Contencioso Administrativo Ii ( Las Partes Y El Objeto Del Proceso)

- Quiénes la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas cuando así lo declara expresamente la ley.

- Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- Las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
- La administración del estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la administración de las comunidades autónomas y de los organismos públicos vinculados a estas, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.
- La administración de las comunidades autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra administración o organismo público, así como los de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
- Las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como los de organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a uno y a otras o los de otras entidades locales.
- El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
- Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
- Cualquier ciudadano en el ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes.
- Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.

• A los organismos públicos con competencia en la materia.
• A los sindicatos más representativos.
• A las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres.
•A los propios afectados cuando estén determinados.

La la persona acosada.

Declaración de la lesividad del acto para el interés público, en los términos establecidos por la ley

En la legislación de régimen local.

- La las administraciones públicas, sin necesidad de declaración de lesividad.
-Los particulares.

Todas las personas mencionadas en la Ley Orgánica de Protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

- Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autoriza expresamente.
- Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
- Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que depende excepto en aquellos casos en que por ley se haya dotado estatuto específico de autonomía respecto de dicha administración.

- Las administraciones públicas .
- Los organos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo respecto de los recursos por los actos y disposiciones en materia de personal, de Administracion y Gestión Patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los mismos.
- El Consejo General del Poder Judicial y los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales respecto a su actividad administrativa.
- Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
- Las aseguradoras de las administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la administración a quién aseguren.

- El organismo o corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio.
- La que ejerza la fiscalización, sí mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.

Las personas o administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso o que se personen en tal concepto, sin que en ningún caso tenga la consideración de parte demandada los citados órganos.

A la administración autora de la disposición general, aunque no proceda de ella la actuación recurrida.

Cuando la legitimación de las partes derive de alguna relación jurídica transmisible.
La sucesión podrá tener lugar en cualquier estado del proceso contencioso administrativo.

Las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por un abogado.
En caso de conferir su representación al abogado, será este a quién se le notifiquen las actuaciones.

Conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado.

Se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de Empleados Públicos inamovibles.

Por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las comunidades autónomas.

- Disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- La inactividad de la administración y contra sus actuaciones materiales que constituyen vía de hecho, en los términos establecidos en la ley.
- Los actos que se produzcan en aplicación de las disposiciones de carácter general, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho ( impugnación indirecta de los actos de aplicación).

Plantear la cuestion de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo las excepciones establecidas en la ley

La sentencia declarara la validez o nulidad de la disposición general.

En cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.

Sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Cuando la administración en virtud de una disposición general o de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas y en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación a la administración para reclamar su cumplimiento, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiese llegado a un acuerdo con los interesados.

Cuando en el plazo de un mes desde la petición de los afectados para que la administración ejecuta dichos actos y esta no lo hiciese

Transcurridos 10 días desde que el interesado formuló requerimiento a la Administración actuante intimando su cesación.

•La declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según la ley de jurisdicción contencioso administrativa.
•El reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
•La condena a la administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidos cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la administración pública.
•La declaración de ser contraria a derecho, que se ordena el cese de dicha actuación y que se adopten las demás medidas previstas en la ley, en los casos en que el recurso tenga por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho.

Lo someterá a las partes mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concedera a los interesados un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.
Dicha providencia no será recurrible.

-Las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación.
- Las retenciones referidas a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa

Dará cuenta al tribunal, quien, en su caso, ordenará a la parte que interponga por separados los recursos en el plazo de 30 días y en caso de no hacerlo el juez tendrá por caducado a que el recurso respecto del cual nos hubiese dado cumplimiento a lo ordenado

Suspender el curso del procedimiento coma dando el Secretario judicial traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo común de 5 días.

- De oficio o a instancia de parte.
- Previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días.
- En cualquier momento del proceso.

Tramitar uno o varios con carácter preferente previo ciencia de las partes por plazo de común de 5 días coma suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.
Una vez firme, el Secretario judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en plazo de 5 días puedan interesar la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o bien desistir del recurso.

Suplica/que actualmente es de reposición.

Una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosi, su parecer al respecto.

El letrado de la Administración de Justicia requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a 10 días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a lo que fije en letra de administración de la justicia previa audiencia del demandado

Lo expondrá por escrito dentro del término de 10 días, resolviendo el letrado de la Administración de Justicia lo procedente.
En este caso el juez o tribunal, en la sentencia, resolverá definitivamente la cuestión.

Por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

Por la suma del valor económico de las pensiones objeto de aquellas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.

Las normas de la legislación procesal civil con las especialidades establecidas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

√ Los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico.
√ Los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica.
√ Aquellos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otros no susceptibles de tal valoración.
√ Los recursos interpuestos contra actos, en materia de seguridad social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos laborales, tarifacion, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores.