Régimen Patrimonial

establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas,
y regular, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado

los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales

el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos

el dinero
los valores
los créditos
los demás recursos financieros de su hacienda
los recursos de tesoreria de los las entidades públicas empresariales y entidades análogas

siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales

los derechos de arrendamiento
los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas,
los contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles,
los derechos de propiedad incorporal,
y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales

el previsto en esta ley
Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo- en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello,
ylas normas del Derecho privado- en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico

Eficiencia y economía en su gestión.
Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.

el patrimonio de la Administración General del Estado
y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.

Definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
Establecer los criterios de actuación para la adecuada gestión de tales bienes y derechos.
Acordar o autorizar los actos de disposición, gestión y administración que esta ley le atribuye.
Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado.

Proponer al Gobierno la aprobación de los reglamentos para el desarrollo de esta ley
Velar por el cumplimiento de la política patrimonial definida por el Gobierno
Aprobar, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, los índices de ocupación y criterios básicos de utilización de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado.
Elevar al Consejo de Ministros o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos las propuestas relativas a la política patrimonial y a los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado
Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación
Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial

Ejecutar, la política patrimonial aprobada por el Gobierno
Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado
Ejercer las funciones de administración, gestión e ingreso en el Tesoro Público de los derechos que deban percibirse por la utilización privativa del dominio público que tengan afectado o cuya administración y gestión les corresponda
Solicitar del Ministro de Hacienda la afectación de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones que tengan encomendados, y su desafectación
Solicitar del Ministerio de Hacienda la adquisición de bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines

Elevar al Ministro de Hacienda las propuestas que estime convenientes para la adecuada gestión, administración y utilización de los bienes y derechos
Supervisar, la ejecución de la política patrimonial fijada por el Gobierno
Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación que esta ley le atribuye
Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial
Ejercer la coordinación ejecutiva de las operaciones inmobiliarias en que intervengan varios agentes vinculados a la Administración General del Estado cuando así le sea encomendado por el Consejo de Ministros o por la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales
Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera la correcta gestión de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado

Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el Gobierno y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.
Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conserv
ación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos propios del organismo o adscritos al mismo
Ejercer la administración, gestión y recaudación de los derechos económicos que perciban por la utilización privativa del dominio público propio o adscrito o cuya administración y gestión les corresponda
Gestionar sus bienes propios de acuerdo con lo establecido en la ley reguladora del organismo, en esta ley y en sus normas de desarrollo
Instar la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de sus bienes inmuebles

mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda